Skip to content

Menu

Dos años después de la ley francesa de vigilancia se intensifica la lucha contra la impunidad de las multinacionales

El 27 de marzo de 2017 entró en vigor la ley de vigilancia en Francia. Dos años después, esta ley única en el mundo, es citada como referencia en Bruselas y Ginebra. ¿Es el primer paso para poner fin a la impunidad de las multinacionales?

Los desastres industriales, la destrucción del medio ambiente y otros escándalos que ocupan los titulares de los periódicos suelen ir seguidos de largas batallas legales en las que las víctimas intentan, a menudo en vano, obtener una indemnización de las empresas transnacionales que se niegan a asumir ninguna responsabilidad. A menudo, lo hacen culpando a sus filiales o subcontratistas en el extranjero.

El caso del desastre del edificio industrial Rana Plaza, en Bangladesh, es el más revelador. El 24 de abril de 2013, la negligencia corporativa provocó la muerte de 1.134 personas cuando el edificio comercial Rana Plaza se derrumbó. Luego se necesitaron dos años de movilización internacional para que Benetton, uno de los principales compradores de productos producidos en Rana Plaza, aceptara contribuir al fondo de compensación. En total, el Fondo Fiduciario de Donantes de Rana Plaza, financiado voluntariamente por marcas textiles, alcanzó los 30 millones de dólares, que se distribuyeron entre las 3.000 personas y familias directamente afectadas por el desastre. Para obtener una justicia real, con perjuicios proporcionales al daño sufrido, queda mucho por hacer. Volver a desafiar a las empresas matrices sigue siendo un ejercicio muy complicado para las poblaciones locales.

En muchos casos, ni siquiera la mínima acción voluntaria se materializa. El 11 de septiembre de 2012, 250 personas fueron quemadas vivas en la fábrica textil de Ali Enterprises en Pakistán. Cuatro víctimas trataron de obtener una indemnización de la empresa alemana Kik, que había subcontratado parte de su producción allí. En enero de 2019, las causas fueron desestimadas por los tribunales alemanes debido a que su demanda no respetaba los plazos de prescripción de la legislación pakistaní. Las comunidades afectadas por la contaminación de Shell en Nigeria recibieron respuestas igualmente asombrosas: para los jueces británicos, Shell UK no era de ninguna manera responsable de las acciones de su subsidiaria Shell Nigeria.

Para eliminar estos obstáculos, Francia adoptó en marzo de 2017 una ley pionera, la ley de vigilancia. Esta normativa impone una obligación de diligencia debida a las empresas francesas con más de 5.000 empleados en Francia, o más de 10.000 empleados en todo el mundo, sobre sus acciones y las de sus filiales y subcontratistas. Las grandes empresas francesas están ahora obligadas a elaborar, publicar y aplicar un plan de vigilancia basado en un inventario de los riesgos que la empresa plantea para las libertades fundamentales, la salud, los derechos humanos y el medio ambiente. Si, a pesar de todo, se producen violaciones de los derechos humanos o del medio ambiente, las personas afectadas pueden recurrir a esta ley para obtener reparación ante los tribunales franceses. Se trata nada menos que de una pequeña revolución en el mundo de los negocios, donde antes prevalecía la impunidad total.

En la actualidad, se están llevando a cabo numerosas reformas para reproducir este modelo en Europa y en todo el mundo. Suiza está desarrollando una normativa de “iniciativa empresarial responsable”. El parlamento holandés está debatiendo una ley sobre el deber de vigilancia del trabajo infantil. Asimismo, dos ministerios alemanes están trabajando en una idea similar.

En España, Italia, Finlandia y Luxemburgo, los movimientos sociales y los partidos políticos también piden la adopción de leyes de vigilancia. En un futuro próximo, podría emitirse incluso una directiva europea, ya que el vicepresidente de la Comisión Europea y múltiples parlamentarios han expresado su apoyo a dicha directiva en los últimos días.

A medida que se acercan las elecciones europeas, y mientras esperamos la publicación de una nueva versión del tratado de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, la ley sobre el deber de vigilancia demuestra que la impunidad de las multinacionales no es inevitable, sino más bien el resultado de la inacción.